La propuesta de la empresa portuguesa Altri para instalar una gran fábrica de celulosa en Palas de Rei sigue generando una intensa polémica. Más allá de las preocupaciones ambientales ya expresadas por diversos sectores de la comunidad, surgen ahora serias dudas sobre la viabilidad económica y social del proyecto, así como sobre su financiación con fondos públicos.
Una de las críticas más contundentes se centra en la promesa de creación de empleo, una cifra que ha fluctuado drásticamente, desde los inicialmente anunciados 2.500 puestos a una décima parte de esa cifra en meses recientes. Este «baile de cifras» refleja, según los críticos, una falta de rigor en las proyecciones del proyecto. Además, subrayan la importancia de considerar no solo los empleos que se prometen crear sino también aquellos que podrían perderse en sectores ya establecidos en la región.
La megafactoría plantearía un serio desafío para la disponibilidad de recursos hídricos, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua del río Ulla y el embalse de Portodemouros, esenciales tanto para el consumo humano como para las necesidades de los sectores económicos locales.
La zona afectada, rica en actividades económicas diversas como la forestal, turística, agroganadera y marisquera, en particular en la Ría de Arousa, podría verse negativamente impactada por la instalación de la megafactoría. Se argumenta que los 200 millones de euros en fondos públicos destinados al proyecto generarían un mayor beneficio y empleo si se invirtieran en un plan de fomento y diversificación económica para las áreas de Ulloa y Arousa.
El proyecto de Altri es visto por muchos como una repetición del modelo de explotación iniciado por la celulosa de ENCE en la ría de Pontevedra, caracterizado por aprovechar el bajo costo del suelo y la abundancia de eucalipto a precios reducidos para una transformación primaria con escaso valor añadido, destinada principalmente a la exportación sin cerrar ciclos productivos. Esta percepción se ve agravada por acusaciones de trato preferente y la existencia de puertas giratorias entre la Xunta y Greenalia, socio local de Altri.
Además, la megafactoría plantearía un serio desafío para la disponibilidad de recursos hídricos, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua del río Ulla y el embalse de Portodemouros, esenciales tanto para el consumo humano como para las necesidades de los sectores económicos locales. La elección del emplazamiento para el complejo industrial, en una zona predominantemente agraria y de servicios, sin la calificación adecuada como suelo industrial, añade otra capa de preocupación.
Los sectores potencialmente perjudicados incluyen no solo a los agricultores y ganaderos locales, sino también a las empresas transformadoras bajo la denominación de origen Arzúa Ulloa, a las pymes agroindustriales y a las actividades turísticas vinculadas al Camino de Santiago.
A estos argumentos se suma la posición de la Diputación de Lugo, que ha votado en contra del proyecto con los votos de PSOE y BNG, frente a la oposición del PP. Esta decisión refleja la creciente preocupación institucional y la demanda de un análisis más detallado de las implicaciones del proyecto.
El proyecto de Altri en Palas de Rei enfrenta una creciente oposición no solo por sus posibles impactos ambientales, sino también por las profundas implicaciones socioeconómicas que conlleva para la región. La comunidad local, cada vez más movilizada, exige transparencia, participación pública en la toma de decisiones y una reconsideración profunda de la inversión en proyectos que verdaderamente beneficien al tejido económico y social de Galicia.
